Hasta ahora, en este escrito, se ha visto un movimiento sindical a la merced de las transformaciones económicas. Se pudiera incluso criticar cierto determinismo económico en este escrito, en la medida en que parecería subordinar el movimiento sindical a las fluctuaciones en la economía. Sin embargo, esta relación directa que se presenta entre economía y movimiento sindical es un subproducto de la falta de unidad dentro del sindicalismo puertorriqueño. En la medida en que un sindicato solo tiene una política interna, una política para su taller, no habrá manera en que este pueda superar las transformaciones económicas que reconfiguran su espacio de trabajo. Si el movimiento sindical, por otro lado, tuviese una visión de conjunto de la economía y un radio de acción amplio, pudiera prepararse coherentemente para afrontar estos cambios. La visión de conjunto, que, a su vez, propicia y depende de la unidad del movimiento obrero, pudiera servir para precisamente reducir esta subordinación del movimiento sindical a las reconfiguraciones en la economía. 

A pesar de que los sectores empresariales son heterogéneos, a pesar de que muchos incluso compiten entre ellos, cuando se trata de arrebatarle conquistas a la clase trabajadora y de imponer sus intereses, actúan como una sola voz. El movimiento obrero, por otro lado, se encuentra profundamente fragmentado, tanto a nivel de su visión y proyección, demasiado limitado al taller, y en su relación con las demás organizaciones obreras. En ese sentido, la visión de conjunto unidad del movimiento obrero no solo es un principio que suena atractivo; es una necesidad que la lucha de clases les impone a los sectores del movimiento obrero organizado.

La unidad del movimiento obrero no se practica lo suficiente ni tan siquiera dentro de un mismo espacio laboral. Como ejemplo, en los primeros meses del 2023, tres sindicatos en la Universidad de Puerto Rico contaron con un voto de huelga por tranques en los procesos de negociación de sus convenios: el Sindicato de Trabajadores de la UPR, la Federación Laborista de Empleados del Recinto Universitario de Mayagüez y la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes. A pesar de la simultaneidad de estos votos, las negociaciones con el patrono se hicieron de manera individual, lo que sin duda limitó el radio de acción de la lucha obrera de la comunidad universitaria. 

Con respecto al ejemplo del Departamento de Educación, la fragmentación que a veces predomina entre los sindicatos (primero, dentro del magisterio, y luego, con relación a los demás sectores) limita, también, las posibilidades de conquistas laborales. Por otro lado, los momentos en que mayor éxito se ha tenido en años recientes han sido aquellos que lideró el Frente Amplio en Defensa de la Educación Pública (FADEP), que agrupó a los distintos sindicatos magisteriales, o en manifestaciones, como las de enero y febrero del 2022, que parecería que fueran liderados por el magisterio en su conjunto y no por una fuerza aglutinadora.

Este panorama desalentador, por otro lado, no debería llevar a pensar que el movimiento obrero organizado tiene un espacio de acción limitado, ni tan siquiera en el sector público. La crisis económica ha llevado, también, a la debacle del sector empresarial puertorriqueño.

Una visión de conjunto, que superara la visión tallerista o gremialista, aporta, también, a organizar más allá de la unidad apropiada. La política de subcontratación y privatización ha sido, correctamente, combatida por los sindicatos del sector público. Sin embargo, se ha perdido una inmensa oportunidad al no organizar sindicalmente a los sectores que sufrieron estos procesos de subcontratación y privatización. Cualquier agencia o corporación pública cuenta con ejemplos al respecto: desde la subcontratación de tareas clericales en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, la subcontratación de empleados de limpieza en el Departamento de Educación, hasta la privatización en la Autoridad de Energía Eléctrica. Estos sectores privados que asumieron tareas que antes eran de la unidad apropiada del sector público no se encuentran organizados sindicalmente, a pesar de que comparten espacio con los sindicatos del sector público y, en muchos casos tienen como empleados a personas que antes eran, precisamente, del sector público y de la unión correspondiente. El sindicalismo en el sector público, paradójicamente, tiene la capacidad de transformar la debilidad sindical actual saliendo del sector público para organizar en el sector privado.

No se debe subestimar el apoyo que pueden recibir estas organizaciones por grandes sectores de la población. Los sindicatos de las agencias del gobierno y de las corporaciones públicas se encuentran en una posición paradójica. Por un lado, han sido golpeados y diezmados como efecto de la política pública neoliberal; por otro lado, en la medida en que la defensa y la mejora de sus propias condiciones laborales significa defender, también, los servicios públicos, pueden y han recibido gran apoyo del país. El deterioro acelerado de los servicios que ofrece el gobierno ha llevado a que sectores del país apoyen a sindicatos del sector público, incluso a pesar de la propaganda anti unión que predomina en la prensa corporativa. Un movimiento obrero unido pudiera, a la misma vez, luchar por los intereses de estos sectores sindicales y expresarse como la voz de un pueblo en la defensa del servicio público y de los servicios esenciales. Esto, hasta cierto punto, se ha hecho, pero no de la manera más efectiva todavía.

El posicionarse como defensores del servicio público, en contraposición con los intereses patronales y con las políticas que llevan a cabo los partidos que implementan los proyectos de estos intereses, debería conducir también a intervenir no solo en el debate público sino también en el terreno propiamente político, otra necesidad del movimiento obrero en tiempos de crisis. Hace más de un siglo, Roxa Luxemburgo analizaba el estado del movimiento obrero de su época y, en su folleto clásico Reforma o revolución, afirmó lo siguiente:

 “Cuando el desarrollo de la industria haya alcanzado su cúspide y el capitalismo haya entrado en su fase descendente en el mercado mundial, la lucha sindical se hará doblemente difícil… La acción sindical se reduce necesariamente a la simple defensa de las conquistas ya obtenidas y hasta eso se vuelve cada vez más difícil. Tal es la tendencia general de las cosas en nuestra sociedad. La contrapartida de esa tendencia debería ser el desarrollo del aspecto político de la lucha de clases”.

 Los sectores patronales no solo buscan combatir al movimiento obrero en el taller, sino también en el espacio político, donde imponen sus intereses a través de sus vehículos políticos, los partidos patronales. Si el sector empresarial lleva la lucha de clases a ese espacio, el sector asalariado tendrá que hacer lo mismo. Incluso, no debería sorprender si la unidad en el accionar política por parte de distintos sindicatos promueva el trabajo conjunto que, entre ellos, no se da en el espacio sindical. Esfuerzos como el Encuentro Sindical que auspició la Casa de Estudios Sindicales, en el que distintas organizaciones obreras hablaron de la necesidad de intervenir en el espacio político, o como las Conferencias Sindicales de las redes al interior de Victoria Ciudadana que agrupan a sindicalistas, han puesto a dialogar a sindicatos que no lo harían normalmente a la hora de la lucha económica o sindical. Esto, si bien de entrada parecería ser una forma de poner la carreta delante de los bueyes, visto dentro de la historia del movimiento obrero cobra cierto sentido, o por lo menos cierta homología. En Puerto Rico, la fundación de la Federación Libre de Trabajadores se dio de manera casi simultánea a la fundación del Partido Obrero Insular, el 18 de junio del 1899; el proyecto sindical y el proyecto político de la clase obrera fueron parte de un mismo proceso organizativo [9]. No debe descartarse que la unidad de los sindicatos se dé primero en un espacio externo al taller y a la lucha económica, y que sea esta la que propicie acciones conjuntas en otras áreas de antagonismos con las fuerzas patronales.

 A la larga, la unidad del movimiento obrero deberá desembocar, a través de la discusión, en un programa o proyecto de país, producto de las reflexiones sobre las necesidades de las mayorías asalariadas y de los demás sectores explotados o marginados que puede representar. Será el programa obrero – la unión coherente de los reclamos heterogéneos que tienen los distintos sectores de la clase obrera, y de las políticas económicas necesarias para implementarlas – el mecanismo para superar la crisis. Ese programa requiere la mayor unidad posible del movimiento obrero y la participación política activa del mismo, para derrotar las fuerzas patronales que se encuentran, también, sumidas en una aguda crisis.

Nota del autor: Este texto sirvió de base para mi participación en el panel titulado “Territorios y crisis climática” del Tercer Congreso Contra el Neoliberalismo Educativo, celebrado en Rio de Janeiro, el 11 de noviembre de 2024.

 Comienzo con una famosa cita de Walter Benjamin, que forma parte de su escrito “Tesis sobre la historia” y que ha tenido cierto renacer en estos últimos años: “Marx dice que las revoluciones son la locomotora de la historia mundial. Pero tal vez se trata de algo por completo diferente. Tal vez las revoluciones son el manotazo hacia el freno de emergencia que da el género humano que viaja en ese tren”. Benjamín escribió sus “Tesis” en el contexto de la amenaza fascista en plena Segunda Guerra Mundial, mientras huía de la persecución nazi, aunque finalmente la situación lo llevó al suicidio ante el desespero que sentía provocaba. El contexto de Benjamin parecería volverse actual, con el ascenso de una nueva derecha, antidemocrática, irracional, que se asemeja cada vez más al movimiento fascista de la primera mitad del siglo XX, y que tiene entre sus portavoces mundiales a Donald Trump en Estados Unidos, a Javier Milei en Argentina, a Jair Bolsonaro en Brasil y a muchos otros. Curiosamente, el renacer de esta frase no se debe tanto al ascenso de la nueva derecha y al posible regreso del fascismo, sino a una realidad ajena al pensamiento de Benjamin, aunque afín a él: la crisis climática. La metáfora de una locomotora que se mueve con violencia y que requiere de un frenazo urgente resuena con esta nueva crisis del capitalismo que pone en peligro la vida en el planeta, tal y como la conocemos.

“Para el capitalismo”, indica el Documento Central del Segundo Congreso Mundial contra el Neoliberalismo Educativo, “todo lo que se hace en la sociedad pretende convertirlo en negocio y considera a la educación una mercancía”. El sistema de producción capitalista se sostiene en la producción de ganancia a partir de la explotación de las personas asalariadas, en la propiedad privada sobre los medios de producción y en la competencia entre capitales, que les exige constantemente aumentar sus ganancias y reducir sus costos a riesgo de perderlo todo. La misma lógica que busca reestructurar los espacios pedagógicos a partir de mecanismos centrados en lo costo-efectivo y en la ganancia, en lugar de centrarlo en lo que sea mejor para la educación, es la que produce y acelera la catástrofe ambiental y una posible salida sin retorno de la destrucción de la vida en el planeta. La producción acéfala del capitalismo se centra, no en la satisfacción de las necesidades sociales, sino en el enriquecimiento privado; es una lógica que parte de la premisa destructiva del crecimiento infinito, sin reconocer que se vive en un mundo de recursos finitos. La lógica que combatimos en el salón de clase es la que tenemos que combatir fuera de él. Con un crecimiento anual de 3%, la producción se duplica cada 24 años. El aumento de la producción implica también el aumento del consumo de energía, de extracción de recursos. ¿Cuánto más puede sostener este planeta?

En América Latina y en el Sur Global, tanto por intereses locales (a veces, incluso, bajo gobiernos del llamado “progresismo”) como extranjeros, renace la lógica extractivista, que, por un lado, continúa subordinando los países de la región a participar de una división internacional del trabajo que les genera pobreza y extrema desigualdad. Paradójicamente, también se sufre de manera desigual de los efectos de esta crisis climática. Si bien la crisis climática es una consecuencia del calentamiento global, y este se debe a la emisión y acumulación de dióxido de carbono, nuestros países, sin ser quienes mayor dióxido de carbono emiten, son los que más sufren. El Índice del Riesgo Climático Global (2019), por ejemplo, reconoció a Puerto Rico como el país más afectado por el cambio climático en el 2017, a pesar de encontrarse lejos de ser uno de los mayores contaminantes de la isla. Esto, por las enormes pérdidas en términos de muertes (4,645) y por la destrucción de infraestructura producto del paso del huracán María. Pero el lugar que ocupó Puerto Rico en ese año lo ocupa otro país hoy, otro mañana, y, con más probabilidad que menos, serán estos nuevamente países del Sur Global. Ante estos fenómenos recientes, un nuevo vocabulario se crea para poder apalabrar la catástrofe de la crisis climática y el capitalismo: neoextractivismo, ecoansiedad, ecogenocidio.

En este Congreso Mundial Contra el Neoliberalismo Educativo, el documento base del eje temático titulado “Territorios y crisis climática” propone que, entre los asuntos medulares que debe abordar el movimiento sindical (que incluyen la independencia de la clase trabajadora, la formación y la educación sindical y la salud y seguridad en el trabajo), deberíamos incorporar también las preocupaciones sobre el desequilibrio ecológico. La propuesta es, por un lado, lógica y urgente, porque la crisis climática afecta a todas las personas, incluyendo a las matrículas de nuestros sindicatos, y por el poco tiempo que tenemos para prevenir ciertas consecuencias irreparables de esta catástrofe. Por otro lado, este llamado es, también, un reto, en la medida en que busca que nuestros sindicatos asuman como prioridad algo que, en sentido estricto, rebasa el espacio del taller, algo que la diferencia de las demás prioridades mencionadas. Este reto puede variar altamente en magnitud, dependiendo de las maneras en que se han constituido y desarrollado las luchas obreras y sindicales en cada país, pero no deja de ser cierto que uno de los pilares de la lucha sindical es la negociación de las condiciones laborales en el espacio del trabajo, y que este muchas veces puede absorber una parte importante del trabajo que se hace desde él. La negociación de las condiciones laborales es quizás el atractivo principal que lleva a que los y las trabajadoras formen parte del sindicato, y las exigencias que se hacen en torno al espacio laboral son continuas y diarias. Es fácil que la lucha en el espacio laboral y la negociación colectiva absorba nuestros trabajos, aunque se trate de un sindicato clasista, militante y democrático [1].

Por supuesto, no quiere decir que, dentro del taller, es poco el radio de acción que tenemos como educadores y educadoras. Los portavoces del capitalismo fósil (de los intereses económicos vinculados al petróleo y al gas) y del neoliberalismo, en su afán irracional de negar la crisis climática para no entorpecer la generación de sus ganancias, atacan la educación por lo que puede esta revelar de las enormes contradicciones del sistema de producción capitalista. No solo las humanidades y las ciencias sociales están bajo acecho ante una visión de la educación que reduce su importancia a lo que resulte “práctico” para el mercado laboral, sino que las ciencias naturales, fuentes de conocimiento que demuestran la ruptura metabólica entre los seres humanos y el ambiente, han sido cuestionadas por la nueva derecha.

El negacionismo climático, en parte, explica el alto carácter antiintelectual de la nueva derecha. En Estados Unidos, por ejemplo, y con importantes efectos en Puerto Rico como colonia suya, esto pudiera incluir, bajo la nueva presidencia de Donald Trump, la eliminación del Departamento de Educación federal y una campaña de recortar fondos de investigación e imponer altos impuestos a las universidades privadas de los Estados Unidos para crear una fraudulenta “American Academy” virtual que reemplazaría la actual estructura de grados universitarios. De esta manera, las universidades dejarían de crear “comunistas y terroristas”, “simpatizantes de los jihadistas”, según las palabras de Trump. Ni tan siquiera las universidades productoras de élites, como Harvard, mencionada por nombre en su discurso, se salvan del ataque a la educación (Trump, “The American Academy”). En Florida, las fuerzas republicanas de la derecha extrema ya han puesto en jaque la libertad de cátedra en las universidades públicas, un precedente que se pudiera replicar en otros estados si la nueva derecha continúa su avance.

En Puerto Rico, por otro lado, la agresión neoliberal principal se ha articulado en el malgasto de los miles de millones de dólares del Departamento de Educación, para enriquecer a bolsillos privados, el cierre de cientos de escuelas y el deterioro en la infraestructura y en las condiciones laborales. Con respecto al Sistema de la Universidad de Puerto Rico, la principal fuente de investigación académica y de movilidad social en el país, esto ha conllevado el recorte de su presupuesto, a menos de la mitad de lo que la misma ley universitaria establece.

Hay mucho, por tanto, que hacer dentro de nuestro espacio de trabajo, en defensa de la educación y de la investigación, elementos centrales de nuestro quehacer y que de manera indirecta se relacionan con la lucha ambiental por su relación con el conocimiento social y científico. Pero a la vez, hay que trascender nuestro espacio de trabajo. Y no deja de ser cierto que los vínculos entre la lucha en el taller de trabajo y la lucha en defensa del ambiente son claros: afectan a las personas asalariadas que el sindicato representa y es precipitada por la misma lógica de la ganancia privada. Un texto publicado recientemente en Puerto Rico, y que lleva de subtítulo Manifiesto ecosocialista, sostiene que: “Sencillamente, un sistema en que los capitales privados se obligan mutuamente al constante aumento de la producción y a la búsqueda de la mayor ganancia a corto plazo no es capaz —y nunca será capaz— de relacionarse con el entorno natural de manera responsable. Ese uso y relación responsables suponen una visión social y no privada; integrada y no fragmentada; atenta al largo plazo y no al corto plazo; comprometida con el contenido material del desarrollo y sus impactos y no solo con el aumento cuantitativo del ingreso” (14). Esa visión colectiva, integrada, a largo plazo, comprometida con la satisfacción de las necesidades sociales y atenta al impacto, la puede aportar el sindicalismo, incluyendo el sindicalismo educativo, si asume esa tarea [2].

La crisis climática nos obliga a superar el “economismo” o “economicismo”, que reduce las luchas obreras a reivindicaciones económicas, usualmente en el taller de trabajo, aunque también dentro del terreno de la lucha política. En ese sentido, se vuelve hasta cierto punto a los orígenes del sindicalismo, que luchaba, sí, por reivindicaciones económicas pero que se interesaba por todo asunto que afectaba a las personas asalariadas. Luego del huracán María, los sindicatos se convirtieron en parte del movimiento de apoyo mutuo en Puerto Rico, llevando suministros a comunidades y creando fondos especiales para sus matrículas. La Federación de Maestros y Maestras de Puerto Rico, la Central General de Trabajadoras y Trabajadores y la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios son ejemplos de estos esfuerzos que recorrieron la isla y el archipiélago ayudando en momentos de crisis social y humanitaria. Pero las acciones sindicales en torno al tema ambiental deberán ir más allá de la respuesta a las catástrofes. Y los sindicatos de trabajadoras y trabajadores de la educación tienen una característica particular que pudiera aportar en esta lucha. En ese sentido, el Manifiesto de Convocatoria para el Tercer Congreso Mundial contra el Neoliberalismo Educativo apunta a ella, aunque lo presente de manera general: “Hoy, las mayores posibilidades de resistencia a la ofensiva del capital se expresan en la alianza de sindicatos y asociaciones de trabajadores de la educación, organizaciones estudiantiles y comunitarias. La alianza del capital contra la educación del pueblo solo puede enfrentarse con una alianza de sectores populares organizados”.

Muchas –—no todas— las luchas ambientales tienen un carácter local, comunitario. En el caso de Puerto Rico, por ejemplo, las luchas que buscan detener la construcción de una asfaltera, de una incineradora, de edificaciones en la zona marítimo-terrestre, se articulan sobre todo a partir de las comunidades aledañas, aun cuando haya un apoyo nacional a las luchas: la protesta cotidiana suele tener un rostro comunitario. Pero también con esto se aprecia una de las dificultades que deben superar las luchas ambientales: la desarticulación y fragmentación de estas a lo largo de un territorio nacional.

Las luchas en torno a la educación muchas veces adquieren, también, un carácter comunitario. En el caso nuestro, la resistencia al cierre de escuelas moviliza en cada lugar a las familias y las trabajadoras más afectadas. Y es de esperar, pues el carácter del trabajo que llevamos a cabo hace que exista un vínculo estrecho entre espacio de trabajo y la comunidad aledaña. Esto es particularmente cierto para aquellos sindicatos de la educación básica y secundaria, pero muchas veces nuestras universidades tienen una relación similar con su entorno. Cuando no, es común que nuestros sindicatos busquen propiciarla. Con naturalidad, por lo tanto, nos unimos a las luchas ambientales locales y comunitarias.

A la misma vez, tenemos estructuras regionales, cuando menos, pero muchas veces nacionales, algo que brinda el carácter sindical o gremial de nuestras organizaciones y que actualmente no tiene paralelo en las luchas ambientales en muchos países. En nuestro accionar, solemos conjugar estas dos esferas de lucha, la local y la nacional; no se contraponen, sino que se complementan. Ese mismo proceder que nos sale de manera natural deberemos extenderlo a las luchas ambientales: aprovechar nuestro vínculo comunitario y nuestra estructura nacional para ayudar a aglutinar las luchas ambientales como partes coherentes de un mismo proyecto social. Tenemos la capacidad, desde la proyección que nos brinda el sindicato educativo y la inmersión en la lucha local y comunitaria, de hacer de nuestros cuadros sindicales, también, cuadros ambientales, líderes comunitarios y portavoces de estas luchas a nivel nacional.

Y este proyecto social, por supuesto, deberá también incluir reivindicaciones democráticas, laborales, feministas, de la comunidad LGBTTIQ+. Porque rebasar el espacio de trabajo implica que el sindicato deberá asumir y apoyar toda lucha que implique una ampliación de los derechos de la clase obrera. Esto conlleva una transformación radical de la sociedad tal y como la heredamos. El tema ambiental, sobre todo, implica un estilo de economía y de vida distintos, alejados de la lógica productivista que desafortunadamente continuaron proyectos socialistas y progresistas en el pasado. Por eso, en parte, el llamado del compañero Adelmar Macías en este mismo Congreso de hacer del Día de la Tierra una actividad tan importante como el Primero de Mayo y el 8 de marzo: luchas distintas, pero articuladas entre sí. La educación sindical deberá también acoger esta nueva prioridad y estos nuevos reclamos a la hora de formar a nuestras a matrículas.

Incluso la propia manera en la que se ha pretendido dividir al mundo y condicionar la manera en que los países se relacionan deberá reevaluarse a raíz de estas nuevas necesidades. Puerto Rico llegó a producir 79% de lo que consumía; hoy día, importa más del 80%. La importación de alimentos, además de otros objetos de consumo, implica a su vez costos ambientales en materia de transportación, por todo el dióxido de carbono. De acuerdo con el estudio preparado por el Comité de Expertos y Asesores del Cambio Climático de Puerto Rico, titulado “Mitigación, adaptación y resiliencia al cambio climático en Puerto Rico”, “un producto que se exporta del puerto de Shanghái, China, A San Juan recorre una distancia de cerca de 22,200 millas em barco hasta Long Beach, California, 2,400 millas adicionales para llevarlo en camión al puerto de Jacksonville, Florida, y finalmente 1,400 millas en barco para llegar a San Juan-todo ese recorrido usando combustibles fósiles”.  El desarrollo de un mercado interno y la soberanía alimentaria se vuelven, por tanto, reclamos vitales desde múltiples perspectivas.

Viejas maneras de pensarnos renacen, no por añoranza del pasado, sino por la urgencia del presente. El Manifiesto ecosocialista en Puerto Rico, por ejemplo, sostiene que “La fragmentación política y económica es una de las peores herencias del colonialismo en el Caribe. Cada isla o grupo de islas se relaciona más con su metrópoli, antigua o presente, que con sus vecinos. La necesidad de reducir el transporte y de relocalizar la producción exige superar esa fragmentación. La centenaria perspectiva de una federación antillana se convierte en una exigencia ecológica” (61).

En momentos en que la lucha de clases se agudiza a nivel mundial, en el que en varios países la nueva derecha se fortalece y ataca con igual violencia a la educación y al ambiente, el que este Tercer Congreso contra el Neoliberalismo Educativo nos presente este reto ambiental a los sindicatos demuestra que este espacio se encuentra a la altura de los tiempos y las grandes posibilidades y responsabilidades que los sectores de la educación tienen a la hora de pensar y crear las bases de una realidad distinta, transformada.

Notas:

[1] Recientemente, el sindicato de maestros de Chicago, Chicago Teachers Union, logró incorporar reivindicaciones ambientales a su convenio colectivo. Este ejemplo demuestra que, en ocasiones, las luchas ambientales no tienen que verse tan alejadas del taller de trabajo como en otras. Ver: “Chicago Teachers Win Greener Schools”, Labor Notes (April 16,2025): https://labornotes.org/2025/04/chicago-teachers-win-greener-schools.

 [2] Democracia Socialista. Puerto Rico y la catástrofe capitalista. Manifiesto ecosocialista. Democracia Socialista, 2024.

La creación de un súper PAC para impulsar políticas de “libre mercado”, según anunciado por representantes de un sector de la clase patronal, da la impresión de que en Puerto Rico las políticas han sido contrarias a esa posición. Sin embargo, las políticas públicas de las pasadas décadas han beneficiado desproporcionadamente a esa clase social. Es precisamente ese sector el que se beneficia de exenciones y tasas contributivas preferenciales, de las privatizaciones, de la reducción de derechos laborales y de medidas que facilitan el desplazamiento de comunidades pobres. Cuentan también con la Junta de Control Fiscal. No carecemos, sufrimos de sobredosis de “libre mercado”.

Las propuestas del presidente de la Asociación de Restaurantes de Puerto Rico (ASORE), Mateo Cidre, para que se elimine el seguro por desempleo, por un lado, y para que sea requisito tener trabajo para recibir otras “ayudas del gobierno”, por otro, son muy reveladoras.

Cidre, como portavoz de la clase patronal, confirma que esa clase social no tiene un proyecto propio capaz de superar la crisis que enfrenta el país. Tampoco es capaz de ofrecer empleos suficientes, con salarios y condiciones adecuadas. El sector patronal reconoce que las modestas ayudas pueden ser más atractivas que los salarios que pagan. Reconoce, también, su necesidad de contratar a más personas, en lo que llama, equivocadamente, una “escasez de empleados”.

Pero en lugar de aumentar los salarios a niveles adecuados y mejorar las condiciones de trabajo, propone eliminar ayudas del gobierno.

A la misma vez que se opone a las ayudas del gobierno para individuos, llamadas despectivamente “mantengo”, este sector disfruta de lo que tanto critica.

Se beneficia de mantengo público, porque la mayoría de las personas que emplea trabajan jornadas reducidas, no tienen seguridad de empleo, cobran salarios insuficientes, no acumulan vacaciones y no reciben beneficios marginales como seguro de salud o planes de retiro.

Esta situación de precariedad laboral obliga a que el gobierno tenga que atender los problemas que se derivan de ella: cuidos (como “early head start”), vivienda (pública y sección 8), transportación (AMA), salud (reforma) e irónicamente en algunos casos alimentos (PAN). Estos subsidios son costeados más, en términos proporcionales, por personas asalariadas: según datos del Departamento de Hacienda el 75% de los recaudos del gobierno provienen de las contribuciones sobre ingresos, y el 85% de los contribuyentes que rinden planillas son asalariados.

Se beneficia de mantengo privado porque los dueños de los restaurantes reciben el subsidio directo de sus clientes a través de las propinas para las personas que emplea en servicio directo. Son los consumidores quienes pagan la mayor parte de los salarios de las personas que trabajan en esta industria.

Aunque ASORE solo representa un sector de la clase patronal, sus propuestas son compartidas por la clase patronal en su conjunto. Este sector se opuso a la modesta reforma laboral aprobada en el 2021. Una vez aprobada, intervino en el pleito presentado por la Junta de Control Fiscal para apoyar su anulación. ASORE, por tanto, cree más en la imposición de sus intereses que en el debate de propuestas y en la toma de decisiones en los espacios democráticos.

Según el gobierno, después de la aprobación de la reforma del 2021, se redujo el desempleo y aumentó la participación laboral. La postura del sector patronal es, en ese sentido, contradictoria: se queja de que no consigue mano de obra, mientras impulsa la reducción de derechos que permitieron el aumento en la participación laboral. Nuevamente, se demuestra la incapacidad de este sector para superar la crisis actual.

Si personas que se han acogido a programas de ayuda prefieren no regresar a esos empleos, no se debe a que las ayudas sean muy generosas. Se debe a que los empleos que ofrecen los patronos tienen salarios de miseria y pésimas condiciones de trabajo. Por eso, nuestras demandas deben incluir que las ayudas para las personas desempleadas sean adecuadas. Además, debemos exigir que se amplíen los programas de apoyo a los sectores empobrecidos. Por último, tenemos que seguir luchando por mejores salarios y mejores condiciones de trabajo para las personas que actualmente tienen empleo.

La anulación de la modesta reforma a la legislación protectora del trabajo, la Ley 41-2022, por la jueza Laura Taylor Swain a instancias de la Junta de Control Fiscal confirma que la agenda de ese organismo es dogmática e ideológica. Para ellos, los derechos y las protecciones a la clase trabajadora limitan el desarrollo económico. La experiencia demuestra lo contrario. La legislación protectora del trabajo estuvo vigente por décadas en las que hubo desarrollo económico en Puerto Rico. Los derechos y protecciones de la clase trabajadora nunca fueron un obstáculo. Por el contrario, contribuyeron al desarrollo y a la superación de la pobreza extrema en la que estaba sumida la mayoría del país, mejorando sus condiciones materiales y también los niveles de vida de la sociedad en su conjunto.

Es incuestionable que Puerto Rico enfrenta una profunda crisis provocada por la combinación de varios factores, entre los que podemos mencionar: la subordinación de la economía local a intereses foráneos, la fuga anual de miles de millones de dólares, la insuficiencia de recaudos fiscales producto de las concesiones a las grandes fortunas, el desvío de fondos públicos a empresas privadas a través de la privatización, las exenciones de la ley 60 y la corrupción promovida por ciertos sectores empresariales en alianza con algunas figuras de la política tradicional. Es decir, la crisis que enfrentamos es producto de la imposición en Puerto Rico del programa neoliberal, cuyo fracaso se ha comprobado reiteradamente.

Pero nada de esto se toma en consideración. La Junta y los sectores patronales insisten en que la crisis económica y fiscal de Puerto Rico es culpa de que los trabajadores y las trabajadoras tienen demasiados derechos.

La Junta representa los intereses y el programa ideológico de la clase patronal. El neoliberalismo es su dogma. La crisis que enfrenta Puerto Rico ha sido mitigada recientemente por el flujo tardío de fondos de recuperación. Paradójicamente el sector patronal se quejaba -y aún se queja- de que ha sido difícil contratar y retener personas en sus empleos, a la vez que promueve la reducción de derechos que permitieron el aumento en la participación laboral.

Según el gobierno, después de la aprobación de la ley 41, se redujo el desempleo y aumentó la participación laboral a niveles nunca antes vistos. El Departamento de Hacienda ha indicado que el 75% de los recaudos provienen de las contribuciones sobre ingresos y el 85% de los contribuyentes que rinden planillas son asalariados. Por tanto, puede concluirse que, contrario a lo alegado por la Junta, la ley también contribuyó al aumento de los recaudos del gobierno.

La opinión del tribunal señala que el gobierno le solicitó a la Junta los estudios que hizo para sostener que la reforma es inconsistente con el plan fiscal. La Junta no los produjo, porque no existen. El gobierno truena contra la Junta públicamente, pero la opinión judicial indica que no defendió la legislación en el pleito.

La corte concluyó en su opinión que la Junta no probó sus alegaciones de que la referida ley imposibilitaría el pago de las obligaciones contraídas con los acreedores en el proceso de reestructuración de la deuda. Aun así, anuló la reforma porque la Junta alegó inconsistencia con el plan, sin más. La anulación de la ley no puede reducirse al tema del estatus colonial de Puerto Rico, pero tampoco puede desvincularse de este problema. Puerto Rico está, para todos los efectos, sujeto también a los poderes plenarios de la Junta. La condición colonial allana el camino para la lucha de clases desde arriba. Por eso, la organización y movilización de la clase trabajadora para impulsar y defender sus intereses, a la vez que se lucha contra la Junta de Control Fiscal y a favor de la descolonización, es la mejor manera para reparar estos agravios.

La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) como la conocemos hoy es la heredera de la primera corporación pública de Puerto Rico, creada en el 1941: la Autoridad de Fuentes Fluviales (AFF). A la Autoridad de Fuentes Fluviales se le transfirieron en su origen las funciones de generación y distribución eléctricas que antes le pertenecían al Negociado de la Utilización de las Fuentes Fluviales, creado en el 1926. Se le transfirieron, también, las funciones que llevaba a cabo el Servicio de Riego de Puerto Rico, lo que significa que la AEE tiene, al día de hoy, bajo su cuidado, 60% de los cuerpos del agua y las tierras aledañas por vías de la servidumbre de paso.

¿Cómo se relacionan la generación y distribución de la energía eléctrica con el sistema de riego?

A principios del siglo XX, se llevaron a cabo grandes inversiones estatales para la creación de un Servicio de Riego de la Costa Sur. Este sistema de riego, costeado en su totalidad con fondos públicos, vino a abastecer de agua a la creciente industria azucarera que se establecía en el área, en lo que Rafael Rodríguez Cruz ha llamado “la dimensión colonial de la construcción del sistema de riego del sureste” [1]. Las inversiones públicas fueron a contribuir a la expansión de la industria azucarera; las ganancias, en lugar de retornar a las arcas gubernamentales, permanecieron en los bolsillos de los grandes azucareros ausentistas.

Pero el complejo sistema de riego, que conllevó la creación de lagos, represas y sistemas de distribución, era capaz, también, de crear energía. “Tanto la reserva de Carite [en Cayey], como la de Guayabal, tenían desde el principio el potencial para generar electricidad. La primera, en particular, poseía una represa y túnel, cuya apertura estaba localizada en el lado sur. Esto resultaba en una caída abrupta de agua, con una fuerza equivalente a 2,000 caballos de fuerza de electricidad” [2]. Así fue como, desde las entrañas del sistema de riego, se creó la Central Hidroeléctrica Carite y “se inició en la isla la producción y distribución de la electricidad” en manos estatales [3]. El éxito de Carite fue tal que se fueron expandiendo las hidroeléctricas estatales durante los próximos años, lo que llevó a que se fundara eventualmente el Negociado de la Utilización de las Fuentes Fluviales.

La generación y distribución de la electricidad estaba, para esa época, muy limitada. Las distintas compañías privadas se concentraban en las ciudades: San Juan, Ponce, Mayagüez. Las grandes inversiones necesarias para llevar la luz a los distintos rincones de la isla no resultaban costo-efectivos para la empresa privada. Además, la generación privada en el país no daba abasto para la creación o atracción de las industrias que vendrían a caracterizar el periodo de Manos a la Obra. Por eso fue necesario el crecimiento del Negociado, no solo a través del aumento en el número de hidroeléctricas, sino también a través de la compra de otras entidades privadas de energía. En el 1937, adquiere el Ponce Electric Company. Luego, en el 1945, se adquieren la Puerto Rico Railway Light and Power Company y la Mayagüez Light Power and Ice Company. “De esta forma quedaron integrados en una sola compañía los principales sistemas de electricidad que operaban en la isla” [4].

Por todo lo dicho es que, antes de que se fundara la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, el servicio de agua y alcantarillado se daba por vías de una subsidiaria de la Autoridad de Fuentes Fluviales, bajo el nombre de Servicio Insular de Alcantarillados, creado en el 1941. No es hasta 1945 que se crea la AAA como corporación pública por vías de la Ley 40 [5]. Pero como una parte importante de la producción energética continuaba siendo hidroeléctrica, los cuerpos de agua permanecieron bajo el custodio de Fuentes Fluviales. Los caminos de la historia son curiosos: del agua, surgió la luz; luego, de la luz, surgió el agua.

La historia dialéctica entre el agua y la energía explica por qué, en la actualidad, la AEE tiene bajo su cuidado el 60% de los cuerpos de agua en el país, al igual que las tierras aledañas. Esta responsabilidad puede darse o porque la propia AEE es dueña de la propiedad o por las responsabilidades delegadas a la AEE por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, concernientes a la administración de estas tierras y aguas. Los únicos lagos principales del país que no están bajo el cuidado de la AEE son el Lago La Plata, el Lago Cerrillos y el Lago Carraízo [6].

A través de los cuerpos de agua que administra, la AEE le suple agua a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (volvamos a recordar que la AAA surge como una dependencia de la AEE). Parte del agua potable que consumimos proviene de fuentes de agua que le pertenecen a la AEE, y que le vende a la AAA a precios reducidos. Pero los terrenos aledaños son de un valor incalculable, por su importancia natural y su belleza topográfica [7].

Al heredar las funciones del Servicio de Riego de Puerto Rico, al día de hoy es la AEE quien le suple agua a la industria agrícola, particularmente en el sur y en el sureste del país. Ángel Figueroa Jaramillo, presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y de Riego, ha descrito el sistema de riego de Puerto Rico como una de las obras de ingeniería y arquitectura más grandes del mundo, en la medida en que traspasa montañas, sube laderas y baja valles, en algunos casos incluso sin sistema de bombeo: solo por gravedad [8].

Este panorama, no muy difundido en las discusiones públicas que se han tenido alrededor del tema de la AEE, es un factor adicional que hay que tomar en cuenta a la hora de hacer referencia a las consecuencias de la posible privatización de la corporación pública (digo “posible” porque todavía confío en que somos capaces de detenerla). Esta breve nota espera aportar en esta dirección. En el programa Vía pública, de la Fundación Roberto Sánchez Vilella, Félix Córdova Iturregui y yo dialogamos con Figueroa Jaramillo sobre este tema, y la información que nos brindó es la que sigue [9].

El sistema de riego se supone que sea costeado por el gobierno de Puerto Rico. Sin embargo, hace décadas que no hace la aportación que le es debida, razón por la que la AEE ha tenido que asumir los costos del riego. Figueroa Jaramillo sostiene que si la AEE fuera a cobrar el costo operacional del sistema de riego a los agricultores del país, este equivaldría a unos $5 millones anuales. La AEE, al ser una corporación pública que ofrece un servicio (es decir, no vende una mercancía para generar ganancia privada), todavía ve el servicio de riego, no como un gasto, sino como una aportación al país y a su agricultura. Sin el sistema de riego, el Valle de Lajas no podría tener la agricultura que tiene, según indicó como ejemplo Figueroa Jaramillo.

Uno de los peligros de la privatización de la AEE tiene que ver con esta aportación a la agricultura del país. Al privatizar un servicio público y convertir el sistema de riego en una mercancía, la agencia privatizadora no tendrá razón ni incentivo económico para continuar con la “aportación” anual de $5 millones a la agricultura del país. Buscará, como mínimo, recuperar esos $5 millones anuales y generar una ganancia. De esto hacerse una realidad, los costos de producción de la industria agrícola serían mucho más severos – quizás, incluso, insostenibles para muchos y muchas agricultoras.

Y, añado yo ahora, al denunciar este peligro, no se debiera pensar únicamente en la agricultura existente en la actualidad (hay mucha corporación grande que se aprovecha de este sistema de riego), sino en el futuro desarrollo agrícola del país. Si la agricultura es fundamental para la soberanía alimentaria, si la agricultura es una de las industrias claves que se debiera impulsar para salir de la crisis del país, ¿cuánto más difícil será alcanzar estas metas si el sistema de riego pasara a manos privadas?

Con respecto al contrato de LUMA, existe un silencio y una incógnita sobre las consecuencias inmediatas de esta privatización para los cuerpos de agua y sus terrenos aledaños. Los contratos de privatización son peligrosos tanto por lo que dicen como por lo que esconden, y más todavía en un proceso como este que se hace a las espaldas del país. Aunque las centrales generatrices como las hidroeléctricas no forman parte del contrato de LUMA (que privatiza la administración y la distribución de la energía, no la generación), no deja de ser cierto, por ejemplo, que la servidumbre de paso se le estará transfiriendo a LUMA. Figueroa Jaramillo alerta sobre las posibles ventas de las propiedades cercanas a los cuerpos de agua, que en la actualidad le pertenecen a la AEE. Tierras vírgenes, preservadas, de un valor paisajístico extraordinario, pudieran muy bien convertirse en tema de bienes raíces en un futuro cercano, con las consecuencias deplorables que hemos visto en las últimas décadas por el afán de desarrollo destructivo para el ambiente.

Otra posibilidad que advierte Figueroa Jaramillo es que se haga una subsidiaria para administrar y alquilar estas tierras. La Ley 17 le permite a la AEE crear subsidiarias sin tener que pasar por la legislatura. PREPANET, por ejemplo, conocida por todo el país, es una subsidiaria, al igual que lo son PREPARENEWABLE y PREPAGAS. Figueroa Jaramillo no descarta que se cree una subsidiaria para hacer ganancias de estas tierras a través de prácticas que sean perjudiciales para el espacio natural. Además, aunque la venta de algún activo de la corporación pública sí requiere legislación, un arrendamiento a largo plazo (40 años, 50 años) no tiene que pasar por tal procedimiento. Y en la medida en que se fomente cierto desarrollo urbano alrededor de cuerpos de agua, pone en peligro a los propios cuerpos.

El potencial de estas tierras, por otro lado, tampoco había sido aprovechado por el pueblo de Puerto Rico previamente, algo que debiera criticársele a la AEE y al gobierno de Puerto Rico. El economista José Antonio Herrero en el pasado había hecho un estudio económico de viabilidad ecoturística, incorporando esta propuesta como un elemento de ingreso para la AEE pero dentro de un modelo que sería viable para el mantenimiento de estas tierras. El gobierno estuvo de oídos sordos por dos décadas. El posible futuro de estas tierras bajo LUMA podría ser el peor de los mundos: accesible solo para unos pocos privilegiados (todavía fuera de las manos del pueblo de Puerto Rico) y peligroso para la preservación de la tierra y el agua.

Al considerar que la AEE está encargada de 60% de los cuerpos de agua y de las tierras aledañas, la lucha en contra de LUMA y de la privatización de la corporación pública cobra dimensiones todavía más necesarias. La privatización no solo conllevaría el desmantelamiento de la entidad que genera y distribuye la energía eléctrica a lo largo del país, sino que también implicaría el posible deterioro de espacios naturales y el dificultar aún más la agricultura.

Añado, finalmente, que parecería que LUMA pudiera también afectar el precio del agua si altera los precios actuales de venta de agua a la AAA. El contrato no entra en estos detalles, pero en la medida en que todo servicio que actualmente otorga la AEE se convierte en mercancía, la idea no es descabellada. Las consecuencias de esto no solo implicaría el aumento en los costos del agua para los consumidores: podría conllevar, también, en el típico proceder neoliberal de hacer algo inoperante para luego privatizarlo, un futuro plan de desmantelamiento y destrucción de otra corporación pública: la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados.

Notas

[1] Rafael Rodríguez Cruz, “Coloniaje y corrupción. El sistema de irrigación del sureste de Puerto Rico (1906-1914)”. Rebelión, 13/13/2018. https://rebelion.org/el-sistema-de-irrigacion-del-sureste-de-puerto-rico-1906-1914/?fbclid=IwAR3nS11r81XWM-j378JM1TEYq6SPQOicE0akYKquPzNUXabjPmXAVDfG8ZQ.

El autor también ha estudiado el impacto del desarrollo industrial capitalista en los acuíferos del sur . Ver: “Colonialismo, genocidio ambiental y luchas comunitarias en el sureste”. 80grados.net. 10/10/18.https://www.80grados.net/colonialismo-genocidio-ambiental-y-luchas-comunitarias-en-el-sureste/

[2] Ibid.

[3] Angeli Acosta, “Breve historia de la AEE”. El artículo se encuentra en la página de Facebook del Frente Socialista: https://www.facebook.com/frentesocialistapur/posts/1755538534510413/.

[4] Ibid.

[5] Ver, al respecto, la Ley 40 del 1 de mayo de 1945, que hace referencia a estos cambios históricos: http://www.bvirtual.ogp.pr.gov/ogp/Bvirtual/leyesreferencia/PDF/Agua/40-1945.pdf.

[6] La siguiente información fue dada por Ángel Figueroa Jaramillo, presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y de Riego, en el programa radial Vía pública (Radio Universidad, lunes a las 4:00pm), el 1ero de marzo de 2021.

[7] Ibid.

[8] Ibid.

[9] Ibid.

El derecho al trabajo es reconocido internacionalmente. El mismo fue cristalizado en el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada en 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Bajo ese artículo se acoge, además, el derecho de toda persona que trabaja a una remuneración satisfactoria, asegurando a sí y su familia una existencia conforme a la dignidad humana. No obstante, a los trabajadores de todos los países se les quita este derecho a cada instante.

En Puerto Rico, se restringe particularmente por una estructura económica que históricamente tiende hacia un desempleo crónico y hacia un alza permanente en los costos de vida, perpetuando elevados niveles de pobreza. Ambos problemas son dos caras de una misma moneda que deben atenderse simultáneamente si aspiramos a garantizar el derecho al trabajo y a una vida digna para todos.

Por un lado, aunque la baja tasa de desempleo, de un 5.5% en la actualidad, parezca indicar una contratendencia al alto desempleo histórico, la realidad subyacente es menos prometedora. Según los datos del Banco Mundial, el total de empleos vulnerables como porcentaje del empleo total fue de 14% en 2023, la cantidad más alta registrada desde 1991. Estas personas trabajan con empleos independientes como cuentapropistas o para negocios familiares y suelen carecer de contratos formales; tienen condiciones de trabajo precarias, ingresos insuficientes y seguridad social inadecuada. La proporción de trabajadores en empleos vulnerables se relaciona directamente con los niveles de pobreza, que recientemente han oscilado alrededor del 40% de la población.

Por otro lado, a pesar del aumento escalonado del salario mínimo por hora entre 2022 y 2024, el valor real actual de $10.50 equivale a $7.25 en 2009. Incluso, la mediana salarial de $13.00 en 2024 apenas alcanzó lo que fuera el salario mínimo de $2.50 en 1976, equivalente a $13.78. La tentativa de una mejora material de la clase trabajadora en Puerto Rico ha sido neutralizada por la inflación y un mercado laboral frágil.

Este panorama se vuelve más sombrío cuando consideramos el promedio de horas trabajadas semanalmente en 2024, que ha sido la más alta en décadas. Lejos de garantizar el derecho a un empleo con remuneración satisfactoria, nuestra economía ha erosionado el poder adquisitivo a la vez que aumenta la carga de quienes trabajan, limitando el tiempo y recursos necesarios para su propia reproducción y recreación.

Ante esta realidad debemos buscar soluciones creativas. Una alternativa sería el sistema de escala móvil de salarios y horas de trabajo. Este sistema permitiría ajustar automáticamente los salarios al aumento inflacionario mientras distribuye equitativamente las horas trabajadas semanalmente entre todas las personas disponibles para trabajar, manteniendo los salarios de la vieja semana de trabajo.

Vega Baja y Peñuelas han dictado la pauta municipalmente a través de planes pilotos con jornadas de cuatro días. Los resultados han sido extraordinarios: mayor rendimiento y calidad del trabajo, reducción de ausencias por enfermedad y mejor ambiente laboral. Esto es cónsono con resultados de planes pilotos en distintos países, que además indican beneficios para la salud y menos contaminación ambiental. Las propuestas legislativas presentadas por el Partido Independentista Puertorriqueño y el Movimiento Victoria Ciudadana para reducir la jornada laboral semanal en el empleo público a 32 horas, o 4 días, sin reducción salarial, son compatibles con esta alternativa.

Luego de casi ocho décadas con una jornada laboral de 40 horas semanales, la evidencia demuestra que trabajando todos es posible trabajar menos y vivir mejor.